Las organizaciones y ciudadanos/as participantes demandan que los proyectos de ley garanticen:
1.- El cumplimiento y la profundización de las obligaciones de servicio público de la televisión abierta, en especial las de TVN, las cuales se han ido perdiendo con el tiempo, y que representan las exigencias mínimas por los privilegios que les han sido otorgados a los actuales concesionarios.
2.- La promoción, el justo equilibrio y la democrática coexistencia entre los canales de televisión privados, públicos y comunitarios.
3.- Que quienes concursan a una concesión televisiva declaren su propuesta programática y de contenidos y no solo el proyecto técnico como sucede hoy. El regulador tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la propuesta declarada y evaluar de acuerdo a ésta el desempeño de los canales abiertos.
4.- Que el acceso de la ciudadanía al espectro radioeléctrico sea igualitario, por ser un bien público, escaso y que pertenece a todos los chilenos, evitando cualquier forma de apropiación a perpetuidad de ese espacio.
5.- Que el organismo a cargo de la regulación televisiva sea el Consejo Nacional de Televisión, con verdaderas atribuciones para fiscalizar y regular los contenidos televisivos. Demandamos que la asignación de concesiones sea una atribución del Consejo y no de la Subsecretaría de Telecomunicaciones como sucede hoy. La composición del CNTV debe representar a la diversidad del país y no responder al cuoteo político.
6.- La expresión de la diversidad en la televisión chilena, para lo cual se requiere que las concesiones no se concentren sólo en los mismos canales de TV abierta. El proceso de digitalización, que implica la multiplicación de las señales, debiera garantizar también el acceso igualitario a ellas por parte de la ciudadanía.
7.- Que exista una definición clara de los conceptos de producción nacional y cultural para las cuotas exigidas por la ley del CNTV, ya que los actuales concesionarios usan el rótulo de “cultural” para programas que no lo son.
8.- Que Televisión Nacional de Chile lidere el proceso de digitalización, ocupando un rol protagónico de servicio público y como intermediario de servicios, garantizando la existencia de un transportador estatal que promueva la entrada al sistema televisivo de aquellos que no tienen posibilidades de tener su propia concesión.
9.- Que se fomente una cultura ciudadana activa en relación a la TV digital como servicio público y comunitario, velando por el respeto a la diversidad y la inclusión social. A su vez, es preciso garantizar que las oportunidades asociadas a la televisión digital en términos de interactividad y usos sociales, tales como el tele-gobierno, tele-educación, tele-medicina, tele-trabajo y otros servicios- alcancen a la mayoría de los chilenos.
10.- Que se amplíe el sentido de lo comunitario, incluido en el proyecto de ley que se discute en el parlamento, y que la distribución de espectro sea equitativa, acorde con los estándares internacionales de libertad de expresión, consignados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, demandamos una política pública que fomente y permita la viabilidad económica de la televisión comunitaria, incluidos los canales existentes.
Exigimos que todo lo planteado en este pronunciamiento de la sociedad civil, respecto de la televisión digital, sea refrendado en la ley de participación ciudadana con el fin de que exista un reconocimiento explícito del derecho a la comunicación de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales ACCION, Plataforma Audiovisual, Unión Nacional de Artistas, Observatorio de Medios FUCATEL.
Santiago, octubre 2009
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